NO PODEMOS SER PANIAGUADOS

Elena Berrazueta

Ser prudentes no significa callar. Tampoco aceptar, sin preguntas, una decisión pública que puede debilitar la capacidad del Estado para enfrentar la corrupción y el crimen organizado. Hay momentos en los que guardar silencio deja de ser prudencia y empieza a parecer comodidad. Y no podemos ser paniaguados.

No todos los delitos tienen la misma complejidad. No todos los procesos exigen los mismos conocimientos. Y no todos los jueces enfrentan los mismos riesgos.

Por eso existe la especialización judicial.

El Ecuador tardó años en comprender que los grandes casos de corrupción y crimen organizado no podían ser tratados como cualquier otra causa penal. No hablamos de delitos aislados ni de estructuras pequeñas. Hablamos de organizaciones con enormes recursos económicos, conexiones nacionales e internacionales y capacidad para corromper, intimidar y matar.

Frente a ese poder, el Estado construyó una respuesta especializada.

En 2022 fueron seleccionados diecinueve jueces, entre 425 postulantes, mediante un concurso de méritos y oposición. Recibieron formación específica y fueron incorporados a una Unidad creada para conocer procesos que, por su naturaleza, requerían experiencia, conocimientos técnicos y condiciones especiales de seguridad.

No eran jueces privilegiados. Eran jueces preparados para asumir riesgos y responsabilidades distintas.

Sin embargo, mediante la Resolución 187-2026, el Consejo de la Judicatura eliminó la Unidad Especializada para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado y trasladó sus competencias a jueces penales ordinarios de Quito.

Podrán llamarlo reorganización. Pero eliminar una estructura especializada y repartir sus causas entre judicaturas ordinarias tiene un significado concreto: el país retrocede en la capacidad técnica que había construido para enfrentar a las organizaciones criminales.

La especialización no es una palabra decorativa. Significa conocer cómo funcionan las estructuras delictivas complejas, comprender operaciones financieras, analizar redes de lavado de activos, manejar expedientes con numerosos procesados y valorar pruebas que pueden extenderse entre distintas provincias e incluso diferentes países.

Significa también contar con jueces capaces de sostener sus decisiones frente a organizaciones que disponen de dinero, armas, influencias y poder de intimidación.

No se puede responder a una criminalidad cada vez más especializada con una justicia cada vez menos especializada.

La propia legislación ecuatoriana reconoce esta necesidad. Los artículos 230.1, 230.2 y 230.3 del Código Orgánico de la Función Judicial establecen judicaturas especializadas en corrupción y crimen organizado. Esas normas continúan vigentes.

La Corte Constitucional también fue clara. En la sentencia 9-22-IN/22 señaló que la implementación de estas judicaturas debía constituir una política sostenida de fortalecimiento institucional y no una respuesta coyuntural. Además, destacó la necesidad de garantizar la formación especializada y la seguridad de los operadores de justicia.

Entonces, ¿qué cambió?

¿Qué evaluación técnica demostró que el Ecuador ya no necesitaba jueces especializados? ¿Cómo se determinó que estas causas complejas podían volver a la justicia penal ordinaria sin afectar la calidad de las decisiones? ¿Quién garantizará que los jueces que ahora recibirán estos expedientes cuenten con la misma preparación y protección?

Decir que la Unidad tenía pocas causas no responde ninguna de estas preguntas. La eficiencia de una judicatura especializada no puede medirse únicamente por el número de expedientes. También deben considerarse su complejidad, el número de procesados, el volumen de la prueba, el tiempo necesario para su análisis y el riesgo que representa cada caso.

Tampoco genera tranquilidad conocer que los informes técnicos que habrían sustentado la resolución fueron elaborados el mismo día de su aprobación. Una decisión que desmonta una política judicial construida durante años requería estudios previos, evaluaciones profundas y explicaciones públicas suficientes.

No sabemos qué existe detrás de esta decisión. Precisamente por eso debemos preguntar.

Al Ecuador le costó seleccionar a estos jueces, capacitarlos, especializarlos y proporcionarles condiciones de seguridad para que pudieran enfrentarse a los aparatos criminales más poderosos del país.

Ahora, en lugar de fortalecer esa capacidad, la desmantelamos.

No se trata de defender una oficina, una denominación o diecinueve cargos. Se trata de defender una idea elemental: mientras más compleja y peligrosa sea la criminalidad, más preparada, especializada y protegida debe estar la justicia que la enfrenta.

Eliminar esa especialización no es avanzar. Tampoco es una simple reorganización administrativa.

Es retroceder exactamente cuando el país más necesita estar preparado.

Señalarlo no significa atacar a una institución ni acusar sin pruebas. Significa exigir explicaciones frente a una decisión pública que nos afecta a todos. Porque guardar silencio para no incomodar también sería una forma de aceptar este retroceso.

Y no podemos ser paniaguados.