Un juez anticorrupción dictó prisión preventiva para los seis familiares de Adolfo Macías, alias ‘Fito’, cabecilla de la organización criminal ‘Los Choneros’, detenidos durante un operativo ejecutado en #Guayas, #Manabí y #Pichincha.

Luego de más de 6 horas de audiencia, el magistrado dispuso la medida y, además, ordenó la inmovilización de cuentas, prohibición de enajenar y la incautación de bienes muebles e inmuebles de los procesados por presunto lavado de activos, en el Caso Blanqueo Fito.

Las autoridades ecuatorianas frustraron un ataque con un dron bomba contra la cárcel de máxima seguridad «La Roca» en Guayaquil. El dron, que estaba sobre el techo del reclusorio, detonó parcialmente dañando la estructura. El Bloque de Seguridad, compuesto por la Policía y las Fuerzas Armadas, realizó una explosión controlada para neutralizar el dispositivo.

El ataque pretendía inhabilitar el centro penitenciario, que alberga a líderes criminales y políticos acusados de corrupción. Esta es la segunda vez que se intenta un atentado con drones en la cárcel, que forma parte de un complejo penitenciario bajo control militar desde enero, debido a la creciente influencia del narcotráfico en las prisiones del país.

Un geriátrico en Quito fue clausurado por operar bajo una licencia destinada a la venta de licores. Funcionarios del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) recibieron una denuncia el lunes 12 de agosto de 2024, sobre un establecimiento que operaba sin los permisos correspondientes en el sector de la Universidad Central, en el centro-norte de la ciudad.

La alerta llevó a la Defensoría del Pueblo y a la Agencia Metropolitana de Control (AMC) a realizar un operativo, donde se descubrió que el geriátrico funcionaba en una vivienda sin la Licencia Única para Actividades Económicas, así como sin los permisos municipales y de Bomberos necesarios para operar como un asilo para personas mayores. La única autorización con la que contaba el lugar era el Registro Único de Contribuyentes (RUC) para la venta de licores.

Durante la inspección, los funcionarios encontraron a cinco mujeres de la tercera edad, dos de las cuales presentaban problemas de salud. Asimismo, se constató que el sitio no tenía personal de salud calificado, ya que no había ningún registro de un título de auxiliar en enfermería avalado por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Innovación y Tecnología.

La AMC informó que, además de la clausura, los administradores del geriátrico podrían enfrentarse a una multa que oscila entre uno y cuatro salarios básicos (USD 460 a USD 1.840) por operar sin los permisos necesarios.