La Policía Nacional capturó a dos presuntos implicados en el asesinato de Juan Reinaldo Antón Murillo, director administrativo de la Prefectura de Santa Elena, atacado a tiros mientras conducía por la avenida Eleodoro Solórzano, en el cantón La Libertad, la tarde del viernes 6 de junio.

Los detenidos, identificados como Jesús Fernando B. y Pedro Antonio R., fueron localizados tras un operativo policial en el que también se incautaron dosis de droga, municiones y celulares, ahora parte de la investigación.

El crimen ocurrió alrededor de las 13:30, cuando dos sujetos en motocicleta interceptaron el vehículo de Antón y abrieron fuego. El funcionario, herido, perdió el control del vehículo y se estrelló contra el cerramiento de una urbanización cercana. Falleció en el lugar.

La Prefectura de Santa Elena expresó su consternación y extendió sus condolencias a los familiares del funcionario. Con este caso, ya son 83 las muertes violentas registradas en la provincia en lo que va del año, reflejo de la creciente ola delictiva que golpea a las zonas costeras del país.

Los sospechosos fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales, que determinarán en los próximos días su situación legal. Las investigaciones continúan.

Las autoridades ecuatorianas frustraron un ataque con un dron bomba contra la cárcel de máxima seguridad «La Roca» en Guayaquil. El dron, que estaba sobre el techo del reclusorio, detonó parcialmente dañando la estructura. El Bloque de Seguridad, compuesto por la Policía y las Fuerzas Armadas, realizó una explosión controlada para neutralizar el dispositivo.

El ataque pretendía inhabilitar el centro penitenciario, que alberga a líderes criminales y políticos acusados de corrupción. Esta es la segunda vez que se intenta un atentado con drones en la cárcel, que forma parte de un complejo penitenciario bajo control militar desde enero, debido a la creciente influencia del narcotráfico en las prisiones del país.

Un geriátrico en Quito fue clausurado por operar bajo una licencia destinada a la venta de licores. Funcionarios del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) recibieron una denuncia el lunes 12 de agosto de 2024, sobre un establecimiento que operaba sin los permisos correspondientes en el sector de la Universidad Central, en el centro-norte de la ciudad.

La alerta llevó a la Defensoría del Pueblo y a la Agencia Metropolitana de Control (AMC) a realizar un operativo, donde se descubrió que el geriátrico funcionaba en una vivienda sin la Licencia Única para Actividades Económicas, así como sin los permisos municipales y de Bomberos necesarios para operar como un asilo para personas mayores. La única autorización con la que contaba el lugar era el Registro Único de Contribuyentes (RUC) para la venta de licores.

Durante la inspección, los funcionarios encontraron a cinco mujeres de la tercera edad, dos de las cuales presentaban problemas de salud. Asimismo, se constató que el sitio no tenía personal de salud calificado, ya que no había ningún registro de un título de auxiliar en enfermería avalado por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Innovación y Tecnología.

La AMC informó que, además de la clausura, los administradores del geriátrico podrían enfrentarse a una multa que oscila entre uno y cuatro salarios básicos (USD 460 a USD 1.840) por operar sin los permisos necesarios.