Cuando incomodar cuesta la voz

La semana pasada escribí que una de mis formas de ejercer agencia es incomodar. Esta semana, los hechos me obligaron a preguntarme qué sucede cuando incomodar al poder deja de costarnos solamente calificativos y comienza a costarle a alguien su trabajo, su tranquilidad o su voz.

El 2 de septiembre, la periodista Gisella Bayona anunció que se retiraba del ejercicio del periodismo. Lo hizo, según sus propias palabras, para proteger a su familia, después de varios días de señalamientos en redes tras sus cuestionamientos sobre el desabastecimiento de medicinas en el sistema público de salud. Fundamedios calificó lo ocurrido como un caso de autocensura inducida por presión externa.

No doy por probada cada acusación de este episodio —hay versiones y responsabilidades que todavía deben verificarse—, pero existe un hecho que sí debería preocuparnos: una periodista de amplia trayectoria decidió apartarse de su profesión porque consideró que continuar ejerciéndola podía afectar a su familia.

Casi al mismo tiempo, el periodista Fabricio Vela anunció su salida de RTU. Contó que una entrevista ya grabada y promocionada estuvo a punto de no salir al aire y que, días después, le explicaron que el canal tendría dificultades para acceder a pauta oficial. Él mismo fue honesto: dijo que no podía probar que ambas cosas estuvieran relacionadas y aclaró que fue su decisión irse, que no lo despidieron.

Lo cuento tal como él lo contó: como una denuncia que merece verificarse, no como un hecho consumado. Pero la sola posibilidad de que la asignación de pauta estatal pueda influir en las decisiones editoriales de un medio debería inquietarnos a todos.

Estos dos casos no están solos. Fundamedios registró 100 agresiones contra la libertad de expresión en Ecuador durante el primer semestre de este año. De ellas, 58 afectaron directamente a periodistas y, en 46 de los 100 casos, actores estatales fueron identificados como agresores.

Esta semana, muchas personas me hicieron la misma pregunta, formulada de distintas maneras: ¿no le da miedo decir esto?, ¿no le da miedo incomodar al poder?

La contesto con la misma honestidad con la que empecé esta columna hace un mes: sí, siento miedo. Pero he aprendido que sentir miedo no significa obedecerle. El miedo puede advertirme del peligro y recordarme la responsabilidad de verificar cada dato antes de publicarlo, pero no puede decidir por mí ni arrebatarme la voz. Avanzar con miedo no es lo mismo que no avanzar. Es, quizá, avanzar con los ojos bien abiertos.

La presión sobre quienes cuestionan al poder no es un problema nuevo ni exclusivo de una administración. A lo largo de nuestra historia reciente, gobiernos de distintas tendencias han mantenido relaciones difíciles con las voces críticas. Cambian los colores y los discursos, pero el riesgo se parece: quien pregunta, investiga o incomoda puede terminar pagando un costo por hacerlo.

Por eso, una democracia madura no se mide únicamente por su capacidad de escuchar aplausos, sino por la forma en que responde al disenso. Quien ejerce el poder tiene derecho a responder, aclarar, contradecir y exigir rigor. Lo que no debería hacer es utilizar su posición para impedir que las preguntas sean formuladas.

Quizá el problema de fondo sea también nuestra escasa tolerancia frente al otro y a su manera de pensar. Nos hemos convencido de que tener una opinión nos vuelve dueños de la verdad; nos creemos intocables, perfectos e incapaces de equivocarnos. Nos cuesta escuchar aquello que contradice nuestras certezas y, en lugar de responder a una idea, terminamos atacando a quien se atrevió a expresarla.

Ese es uno de los mayores riesgos del poder: perder la humildad necesaria para reconocer que nadie tiene toda la verdad. Cuando una persona deja de escuchar, el poder puede obnubilarla, la frustración puede imponerse sobre la razón y una reacción tomada desde el enojo puede provocar daños difíciles de reparar. Por eso, ejercer el poder exige más serenidad, más responsabilidad y, sobre todo, mayor capacidad para escuchar a quien piensa distinto.

Tolerar al otro no significa aceptar una mentira, una amenaza o un abuso. Significa reconocer su derecho a cuestionarnos y a decir algo que nos incomode, sin que por eso intentemos destruirlo o expulsarlo de la conversación.

Pero la madurez que le pido al poder también me la exijo a mí misma y a quienes, como yo, hemos hecho del cuestionamiento una forma de vida. No siempre basta con criticar o quejarnos. Hace falta objetividad para reconocer, con la misma voz con la que incomodamos, cuando algo se está haciendo bien. Incomodar sin honestidad deja de ser agencia y se convierte en ruido.

No afirmo que en Ecuador haya desaparecido la libertad de expresión. Planteo una preocupación democrática más matizada y, quizá por eso, más incómoda: ¿qué ocurre con nuestra libertad cuando cuestionar trae consecuencias personales, cuando existe la sospecha de que la pauta puede convertirse en presión y cuando el miedo consigue aquello que la censura abierta no pudo?

La libertad de expresión no desaparece únicamente cuando una ley prohíbe hablar. También comienza a debilitarse cuando alguien, sin que exista una orden escrita, decide que es más seguro guardar silencio. Y no podemos permitir que callarse se convierta en la nueva narrativa de nuestra sociedad.

Mucho menos podemos aceptarlo las mujeres. Durante demasiado tiempo, en nuestra propia historia, nos dijeron que calladitas nos veíamos más bonitas. Nos enseñaron a bajar la voz para no incomodar, a ser prudentes para no molestar y a guardar silencio para conservar espacios, afectos o tranquilidad. Nos costó demasiado conquistar nuestra voz como para permitir que ahora el miedo vuelva a quitárnosla.

Defender la libertad de expresión tampoco significa afirmar que el periodismo nunca se equivoca. Los periodistas deben investigar con rigor, contrastar sus fuentes y responder por lo que publican, igual que yo respondo por lo que escribo cada semana. Pero los errores se contestan con hechos, argumentos, rectificaciones y los mecanismos que la ley prevé; no mediante amenazas o presiones dirigidas a conseguir que alguien se calle.

Estas palabras no buscan defender a un periodista ni confrontar a un gobierno en particular. Buscan defender una regla indispensable para todos: nadie debería tener tanto poder como para decidir qué preguntas pueden hacerse. Cuando una periodista abandona su oficio por miedo, no pierde únicamente ella; todos perdemos una parte de nuestro derecho a saber.

Esta semana ya no quiero terminar haciéndoles una pregunta. Quiero decirles algo: no podemos permitir que la narrativa del miedo y la inseguridad gobierne nuestra vida. Aunque parezca ingenuo, aunque defender nuestra voz pueda resultar utópico y aunque incomodar tenga un costo, no podemos renunciar a hablar, a escuchar ni a participar.

La democracia no desaparece de un día para otro. Empieza a desvanecerse cuando dejamos de escucharnos, cuando el miedo comienza a callarnos y cuando aceptamos el silencio como una forma normal de vivir. Porque la democracia es un diálogo permanente y, cuando se apagan las voces, poco a poco también se apaga ella.

Abrazo,