Santa Elena: Proyecto de Megacárcel por $52M

El Servicio de Atención a Privados de Libertad (SNAI) lanzó, el 7 de junio de 2024, un proceso de contratación reservado por USD 52.166.248 para construir la primera cárcel en Santa Elena, prometida por el presidente Daniel Noboa. Este presupuesto, sin incluir IVA, abarca tanto la construcción como el equipamiento de la megacárcel, y el plazo de ejecución es de 300 días. El proceso, publicado en el portal de Compras Públicas, será reservado por 10 años.

La invitación para el proyecto está dirigida a la compañía Puentes y Calzadas Infraestructuras S.L., subsidiaria de la estatal china «China Road And Bridge Corporation» (CRBC). La información técnica del proyecto fue clasificada como reservada mediante resoluciones del 28 de marzo y 17 de abril de 2024.

El SNAI planea adjudicar el contrato a más tardar el 20 de junio, con la nueva cárcel prevista para estar lista en abril de 2025. Además de la infraestructura física, el proyecto incluye equipamiento avanzado como sistemas de control de accesos, comunicaciones, túneles de rayos X, arcos detectores de metales, detectores de cavidades y bloqueo de señales.

Aunque el presidente Noboa mencionó que utilizaría a los mismos constructores que trabajaron con Nayib Bukele, no hay evidencia de que China Road and Bridge Corporation haya participado en la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo en El Salvador. Los documentos del proceso revelan que CRBC adquirió el 67% de Puentes y Calzadas Grupo de Empresas, S.A. en junio de 2020, y esta posee el 100% de Puentes y Calzadas Infraestructuras S.L.

El Gobierno considera ventajosa la participación de la subsidiaria china debido a su capacidad financiera, lo que podría permitir acuerdos de dación en pago para cancelar obligaciones con bonos del Estado. Esta condición podría ser exigida en los pliegos de contratación.

La construcción de la nueva cárcel es crucial para reducir el hacinamiento a nivel nacional, permitiendo la separación de detenidos según niveles de seguridad, grupos de atención prioritaria, y el estado procesal y género de los reclusos. Los nuevos centros, con capacidad para 400 a 800 personas, mejorarán la seguridad y los procesos de rehabilitación individualizados.