La seguridad no se decreta, se construye

Hay países donde la seguridad es una política pública. En Ecuador se ha convertido en una necesidad urgente. No hay conversación familiar, reunión de amigos o recorrido por cualquier ciudad donde el tema no aparezca inevitablemente. La inseguridad dejó de ser una estadística para convertirse en una experiencia cotidiana.

Frente a esa realidad, el Estado ha respondido con una estrategia de confrontación directa contra las estructuras criminales. Operativos, presencia militar, estados de excepción, cooperación internacional, capturas y decomisos forman parte de una política que busca recuperar el control que durante años fue cediéndole, lenta y silenciosamente, a organizaciones delictivas cada vez más poderosas.

Pero toda política pública tiene una obligación ineludible: rendir cuentas a través de sus resultados.

La seguridad no puede evaluarse únicamente por la cantidad de operativos ejecutados o por las cifras que presentan los informes oficiales. Su verdadera evaluación ocurre en la vida diaria de los ciudadanos. Se mide cuando un comerciante abre su negocio sin temor a la extorsión; cuando un agricultor puede transportar su producción sin miedo a ser asaltado; cuando una familia deja de preguntarse si sus hijos regresarán seguros a casa.

Las cifras son importantes. La percepción también. Porque mientras exista miedo, el problema seguirá siendo real.

Sería injusto desconocer que el Estado ha enfrentado una amenaza sin precedentes. El crimen organizado ya no actúa como una delincuencia común; opera con recursos, logística, financiamiento internacional y capacidad para infiltrarse en las instituciones. Combatir esa estructura exige decisiones firmes, pero también inteligencia, coordinación y continuidad. Ningún gobierno resolverá en pocos meses un problema que tardó décadas en consolidarse.

Sin embargo, reconocer la complejidad del desafío no significa renunciar a la exigencia. Precisamente porque la seguridad es la principal preocupación de los ecuatorianos, la evaluación debe ser permanente. El poder público no puede conformarse con anunciar acciones; debe demostrar que esas acciones producen cambios sostenibles.

Existe otro riesgo que pocas veces se discute. Cuando una sociedad vive demasiado tiempo bajo el miedo, corre el peligro de normalizarlo. Se acostumbra a las sirenas, a los retenes, a las noticias de violencia y a modificar sus hábitos como si fuera parte inevitable de la vida. Y cuando el miedo se vuelve rutina, la democracia empieza a perder terreno.

La seguridad tampoco puede depender únicamente de la fuerza. La experiencia internacional demuestra que donde la justicia es lenta, la corrupción permanece y las cárceles siguen siendo centros de operación criminal, cualquier victoria será temporal. La lucha contra el delito comienza en las calles, pero se consolida en las instituciones.

En este debate también cabe una responsabilidad ciudadana. Exigir resultados no significa descalificar cualquier esfuerzo; reconocer avances tampoco implica dejar de señalar las fallas. La democracia necesita ciudadanos críticos, no hinchas políticos. Porque la seguridad no pertenece a un gobierno ni a una ideología. Pertenece a todos.

Quizá el mayor error sería medir el éxito únicamente por el número de capturados o por la disminución de un indicador. El verdadero triunfo llegará el día en que los ecuatorianos vuelvan a vivir sin convertir el miedo en parte de su rutina.

Ese será el momento en que la seguridad deje de ser una promesa de campaña o un discurso de gobierno para convertirse, por fin, en una realidad.

Porque el Estado puede ganar operativos. Puede mostrar estadísticas. Puede anunciar nuevas estrategias. Pero mientras el ciudadano siga sintiendo que debe mirar por encima del hombro antes de caminar por su barrio, la batalla más importante seguirá pendiente.

Y esa batalla no se gana con discursos. Se gana cuando la tranquilidad vuelve a ser una costumbre.