Caso Grillete, fiscalía solicita llamar a juicio al alcalde Aquiles Álvarez

La situación legal del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se complica. Tras una serie de audiencias marcadas por tensiones y suspensiones en la Unidad Judicial de Samborondón, la Fiscalía General del Estado ha oficializado su pedido para que el burgomaestre sea llamado a juicio dentro del denominado ‘Caso Grillete’.

El proceso penal se fundamenta en la presunta desobediencia a una orden judicial, luego de que, el pasado 10 de febrero de 2026, Álvarez fuera hallado sin el dispositivo de vigilancia electrónica que debía portar en su tobillo, medida impuesta en julio de 2025 por el caso ‘Triple A’. Según los informes técnicos del SNAI, el grillete registró un estado «offline» desde el 9 de febrero y, al ser inspeccionado por peritos, se hallaron alteraciones físicas, incluyendo la falta de un tornillo de seguridad y fracturas en su carcasa.

Puntos clave del proceso:
Argumentos de la defensa: El alcalde ha sostenido que los dispositivos estatales son obsoletos y que su domicilio presenta fallas de conectividad. Sus abogados han calificado las medidas cautelares como desproporcionadas y han denunciado una supuesta indefensión técnica debido a dificultades para acceder al procesado en el Centro de Privación de Libertad «El Encuentro».
Conflictos judiciales: La audiencia ha sido sumamente accidentada. La defensa llegó a solicitar la recusación de la jueza Karen Alarcón Macías, argumentando pérdida de competencia, mientras que la magistrada ha advertido que, si los abogados defensores no se presentan en la próxima sesión, el caso pasará a manos de la Defensoría Pública.
Próximos pasos: La audiencia preparatoria de juicio ha sido programada para reinstalarse este 1 de julio a las 08:10.

Este caso se suma a otros procesos que envuelven al alcalde guayaquileño, incluyendo las investigaciones por el caso ‘Goleada’. La resolución de esta audiencia será crucial para definir si Álvarez deberá enfrentar un juicio por el presunto incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, un delito que conlleva una pena de hasta tres años de prisión.